Historia Dominicana Contemporanea. 2do. y 3er. Gobierno del PLD O de Leonel Fernandez (2004-2012).

 

Segundo Mandato Presidencial (2004-2008)

Con el desafío de resolver la crisis económica más aguda que haya experimentado la nación dominicana, Fernández fue elegido para un segundo mandato en las elecciones presidenciales celebradas el 16 de mayo de 2004 con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia dominicana (57 %), representando al PLD. La situación del país estaba dominada por los altos precios del petróleo y una economía en crisis internacional después de los ataques terroristas en Estados Unidos efectuados el 11 de septiembre de 2001, un endeudamiento excesivo durante el gobierno anterior y la quiebra de tres de los bancos más grandes del país: Banco Intercontinental (BANINTER), Bancrédito y Banco Mercantil.

Para combatir la crisis económica heredada del gobierno anterior fue necesario tomar medidas drásticas tendentes a reducir la tasa del dólar, la tasa de interés y la tasa de inflación. Estas disposiciones reflejaron el éxito de la política económica del período y causaron una buena impresión a los agentes económicos nacionales y a la comunidad financiera internacional. Lo mismo ocurrió con la entrada en vigencia de una reforma tributaria. También se adoptó un programa de solución integral para reducir la deuda interna conocida como el “déficit cuasi-fiscal”.

Se firmó el acuerdo “Stand-by” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que consistió en aplicar políticas destinadas a afianzar la estabilidad de precios y asegurar la reanudación de un crecimiento sostenido, a aplicar reformas en las instituciones del ámbito de las finanzas públicas y a fortalecer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para mejorar la aplicación de la política monetaria y garantizar el mejor funcionamiento del sistema financiero. Igualmente, se firmó un convenio con el Club de Paris que tuvo como objetivo consolidar un acuerdo para reprogramar 193 millones de dólares de pago de deuda que debieron realizarse en el gobierno anterior.

En obras públicas, se construyeron y repararon numerosas carreteras, badenes y puentes en diversas provincias del país; se terminó la construcción del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República y se terminó la construcción de la biblioteca central y de los centros regionales de la UASD. Además, en octubre de 2005, Fernández sometió el proyecto de construcción del Metro de Santo Domingo por vía de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), bajo el argumento de mejorar el tránsito de la ciudad de Santo Domingo mediante un sistema moderno y desvinculado de las fluctuaciones de precio en los combustibles, tanto en mercando mundial como en el mercado interno. La primera línea del Metro de Santo Domingo quedó inaugurada el 29 de enero del año 2009.

En educación, se iniciaron proyectos innovadores destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se crearon espacios tecnológicos en las aulas de los niveles inicial y básico, se rehabilitaron cientos de centros educativos, se inauguraron nuevas escuelas, se distribuyeron millones de raciones de desayuno escolar en el territorio nacional y se creó la Red Nacional de Alfabetización. Fernández realizó esfuerzos para disminuir la brecha digital en el país mediante el desarrollo de un programa que permitió establecer 155 centros informáticos, el equivalente al total de municipios de República Dominicana. Este plan encontró apoyo de importantes instituciones educativas entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el cual se formalizó un acuerdo para mejorar la educación media, niveles de grado y posgrado.

Con el fin de lograr un avance tecnológico, bajo este mandato se relanzó el Parque Cibernético, que tiene como objetivo cumplir con las necesidades únicas de las firmas participando en la economía global de alta tecnología. Además, fue creada la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología (CIACT), una iniciativa novedosa dedicada a enlazar la comunidad científica y tecnológica internacional con República Dominicana.

La ratificación e implementación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y países de Centroamérica, conocido como el DR-CAFTA, el control del gasto, la creación de nuevos empleos, el incremento de las reservas internacionales, la estabilidad macroeconómica, una activa presencia del país en los foros regionales e internacionales, el fomento de la educación básica y superior, el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos son logros tangibles del cuatrienio 2004-2008, que sirvieron de apoyo a su reelección con el 54 % de los votos en las elecciones del 16 de mayo de 2008.

Tercer mandato presidencial (2008-2012)

Los últimos cuatro años de gestión del doctor Leonel Fernández, de 2008 a 2012, estuvieron basados en tres áreas fundamentales: manejo eficiente de la economía, construcción de grandes proyectos de infraestructura y sólidas relaciones internacionales.

El exmandatario consolidó sus iniciativas con miras al fortalecimiento institucional del país en sus estructuras internas y su vinculación a un esquema global como forma de potenciar su economía y sus posibilidades de desarrollo en todos los órdenes.

En lo concerniente al manejo de la economía, la gestión de Fernández logró que República Dominicana mantuviera la estabilidad y el crecimiento con una inflación controlada en medio de una crisis mundial sin precedentes, algo que llamó la atención de la comunidad internacional y lo hizo merecedor de múltiples reconocimientos. Paralelamente a esto, se buscó privilegiar el gasto social en aspectos como la educación, la salud, el acceso a agua potable y a la vivienda.

En esos últimos cuatro años se realizaron grandes proyectos de desarrollo que contribuyeron a la transformación, modernización y progreso del pueblo dominicano. Entre ellos cabe señalar la inauguración de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, que aumentó el número de usuarios a cinco millones cada mes; la rehabilitación e inauguración de diversas carreteras en todo el territorio nacional, entre ellas el Boulevard Turístico del Atlántico, y la construcción de miles de viviendas para familias humildes de la República.

Durante este período se llevaron a cabo proyectos para modernizar y reformar el sistema de enseñanza y estímulo educativo. Entre ellos, se puso en ejecución un plan piloto de jornada extendida que benefició a 21 centros educativos a escala nacional, se instituyó el Premio al Mérito Estudiantil, se lanzó el Portal Multimedia llamado PIM-Aprende, se instalaron laboratorios de computadores y “Rincones Tecnológicos” en las escuelas públicas, así como centros tecnológicos comunitarios en diversos municipios del país ‒con el reconocimiento de la OIT de las Naciones Unidas‒ y centros de capacitación de informática a escala nacional.

En el ámbito de las relaciones exteriores, se logró establecer relaciones diplomáticas con 23 países, entre los cuales están, Jordania, San Vicente y las Granadinas, Emiratos Árabes Unidos, Reino de Camboya, Palestina, Montenegro, República de Turkmenistán, Mongolia, Irak, Indonesia, Sri Lanka y Afganistán. Durante este período, el país mantuvo su participación en diversas cumbres, sesiones de la Asamblea General de la ONU y reuniones ordinarias de jefes de Estado y fueron firmados y suscritos acuerdos internacionales. República Dominicana ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se acreditó como miembro observador de la Unión Africana y entregó formalmente a las autoridades haitianas las modernas edificaciones de la Universidad Henry Christophe.

Como resultado del trabajo de una comisión técnica de juristas y el consenso mediante consultas populares, Fernández también logró en este mandato, la aprobación de una reforma sustancial a la Constitución de la República, la cual fue proclamada el 26 de enero de 2010.

Entre las principales innovaciones que contiene esta Constitución se destaca la inclusión del artículo 7, que define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, lo cual significa que se funda en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

Del mismo modo, esta reforma constitucional consagró derechos políticos de participación directa, tales como el referéndum y la iniciativa legislativa popular. También, otorgó mayores garantías constitucionales, tales como los procesos de amparo, hábeas corpus y hábeas data.

Así mismo, esta reforma incluyó la reducción de los poderes del presidente de la República y la ampliación de los del Congreso en materia presupuestaria y en el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas (anteriormente eran nombrados por el presidente de la República). Además, eliminó los poderes presidenciales de anular arbitrios municipales y llenar las vacantes de síndicos y regidores.

En el ámbito electoral, incluyó la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, y la separación de las funciones administrativas de la Junta Central Electoral de las funciones contenciosas del Tribunal Superior Electoral.

En cuanto al Poder Legislativo, aumentó el número de diputados 178 a 190, de los cuales siete representan a la comunidad dominicana residente en el exterior, se reforzaron las tareas fiscalizadoras de las dos cámaras legislativas y se estableció la rendición de cuentas anuales de los legisladores.

En lo que concierne al Poder Judicial, esta reforma constitucional incluyó la modernización de la justicia dominicana con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y la jubilación del los jueces de la Suprema Corte de Justicia que superen los 75 años de edad.

En definitiva, esta reforma constitucional constituyó una revolución democrática institucional con la finalidad de generar las condiciones de desarrollo a través de un proceso de reingeniería institucional.

Los logros y fracasos de Leonel Fernández

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Los mayores logros.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales. 

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Corrupción y competitividad.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento. 

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos

La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

Articulo periodistico del Periodico HOY; del 4 de agosto del 2012.

 

 

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